El nuevo paquete ómnibus como oportunidad estratégica para las empresas
Por Idoia Franco Juarros, Consultora de Sostenibilidad y Proyectos de Innovación
La palabra «ómnibus», según la Real Academia Española (RAE), hace referencia a un vehículo de transporte colectivo utilizado para trasladar personas, generalmente dentro de las ciudades. De manera análoga, el viaje hacia la sostenibilidad ha recorrido ya más de 70 años: desde su conceptualización en los años 50 hasta la publicación de los primeros instrumentos internacionales en los 2000, el camino ha sido marcado por un creciente impulso regulatorio, especialmente en la última década, con hitos como el Acuerdo de París (2015) y el Pacto Verde Europeo (2020).
Con la publicación del informe Draghi en septiembre de 2024, que alertaba acerca del impacto negativo del aumento de la presión normativa sobre las empresas, nos encontramos ante un nuevo punto de inflexión, complicado aún más por la investidura de Trump en enero.
En respuesta a tantos desafíos tecnológicos, climáticos y económicos como los que se están produciendo, y con el objetivo de fortalecer su competitividad frente a Estados Unidos y China, la Comisión Europea presentó a principios de año la Brújula para la Competitividad, una herramienta clave para guiar sus acciones y anticipar medidas fundamentales. En este marco, la Comisión ha propuesto una serie de modificaciones clave en la normativa de sostenibilidad, enfocadas principalmente en la Directiva Europea de Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad (CS3D) y el Reglamento de Taxonomía de la UE.
Entre los cambios más relevantes figuran el límite de aplicación de estas normativas, que afectan únicamente a las grandes empresas con más de 1.000 empleados (por lo que se excluye al 80% del total) y, además, el aplazamiento de los periodos de implementación hasta 2028, si bien las empresas deberían empezar a reportar en 2026 o 2027.
Por otro lado, el enfoque seguirá siendo el de la doble materialidad, tanto financiera como de impacto, pero se simplifica la divulgación, eliminando la necesidad de estándares sectoriales y reduciendo el número de requisitos establecidos por las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad (NEIS). También se establece que las empresas fuera de la UE estarán obligadas a cumplir con estas normativas si generan ingresos superiores a 450 millones de euros en territorio europeo, en lugar de los 150 millones anteriores.
La responsabilidad civil de las empresas se elimina en toda la UE y las sanciones se ajustarán al tamaño y no al volumen de negocio. En cuanto a la diligencia debida, se limitará a los proveedores directos, y no se exigirá su actualización más allá de cada cinco años. Además, se elimina la obligación de implementar un plan de transición climática y se reducirá la obligación de poner fin a relaciones comerciales en caso de impacto de un socio o proveedor. Asimismo, la Taxonomía sufrirá una simplificación, con la reducción del 70% en los puntos de datos requeridos y la introducción de umbrales de materialidad que eximirán a las empresas más pequeñas de la evaluación de alineación a la Taxonomía.
Estas propuestas deberán ser aprobadas por el Parlamento y el Consejo Europeo antes de entrar en vigor, lo que ocurrirá una vez alcanzado un acuerdo y tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El último paso será su transposición a los Estados miembros. Mientras tanto, algunas empresas, especialmente aquellas que cuentan con entre 250 y 1.000 trabajadores, se encuentran en un limbo jurídico: desde la entrada en vigor de la Ley 11/2018, estas compañías tienen la obligación de reportar información sobre sostenibilidad, pero con la nueva propuesta del Ómnibus quedarían fuera del alcance de la CSRD.
El destino del paquete ómnibus, por tanto, sigue siendo incierto. Sin embargo, aunque las modificaciones normativas sean significativas, esto no implica que la sostenibilidad pierda su relevancia. Lejos de limitarse a la mera obligación de reportar, la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para las empresas. Ahora más que nunca, las compañías deben adoptar un enfoque estratégico, buscando soluciones prácticas e integrales que optimicen sus recursos, prioricen las acciones con mayor impacto y les faciliten el acceso a los mercados financieros y de consumo. Incluso aquellas empresas que ya no estén legalmente obligadas a presentar informes de sostenibilidad deberán seguir avanzando en este ámbito, impulsadas por las demandas del mercado y de sus clientes.
En este contexto, con el fin de apoyar a las empresas en su camino hacia la sostenibilidad, la EFRAG presentó en diciembre de 2024 las Normas Voluntarias de Información sobre Sostenibilidad para PYMES (VSME). Se trata de un informe simplificado y voluntario, que incluye pocos indicadores, pero que puede resultar altamente valioso tanto para las empresas como para sus grupos de interés. En última instancia, las normas de reporte de sostenibilidad y el análisis de doble materialidad, cuando se emplean correctamente, se convierten en herramientas de gestión poderosas.
En AIN contamos con una sólida trayectoria y una amplia experiencia en el ámbito de la sostenibilidad, ofreciendo soluciones personalizadas que ayudan a las empresas a adaptarse a las normativas y a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible, por lo que, si deseas aprovechar el paquete ómnibus de la UE como una oportunidad estratégica para impulsar la sostenibilidad y la innovación en tu empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
